Etiquetamanifiesto

Por Enrique Dans. Diez razones por las que la Disposición Final Primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible es una estupidez

Una vez más, un gran artículo de Enrique Dans:

  1. Porque la propiedad intelectual no es en modo alguno un derecho fundamental, y en ningún caso puede ser puesta por encima de éstos. Montar un enorme aparataje legislativo y judicial para intentar combatir el declive de un modelo de negocio determinado es una auténtica barbaridad.
  2. Porque poner los delitos contra la propiedad intelectual por encima de muchos otros delitos infinitamente más graves es algo que no se justifica de ninguna manera.
  3. Porque no se protege a los creadores, sino únicamente a la industria intermediaria de la creación cultural. Los creadores, en una economía basada en atención, pueden adoptar modelos de negocio que les permitan seguir siendo remunerados por sus creaciones.
  4. Porque crear una “casta de protegidos” que pueden acudir a una “justicia express” para solucionar sus problemas supone un evidente desprecio al resto de la ciudadanía.
  5. Porque la cultura española no está sufriendo por culpa de las webs de enlaces que este plan pretende supuestamente combatir. De hecho, la cultura española no está sufriendo en absoluto.
  6. Porque tal y como está redactado, el articulado permite que se persiga cualquier tipo de página web, sea cual sea su contenido y función. De hecho, al retirar la responsabilidad de los derechohabientes (quien denuncia es la Comisión, y quien asume responsabilidades en caso de daños y perjuicios por tanto el Estado), éstos pasarán a “tirar con pólvora del Rey”, y el volumen de denuncias y las casuísticas recogidas en ellas se incrementarán notablemente.
  7. Porque la protección existente con el ámbito legislativo actual es adecuada. Un derechohabiente que considere lesionados sus intereses puede interponer medidas cautelares que se ejecutan en un plazo muy breve, y derivar las oportunas responsabilidades en caso de que éstas existan. Que los jueces hasta el momento hayan considerado que esos casos deben ser sobreseídos o desestimados no es un “error del sistema”, sino un criterio judicial plenamente fundamentado y justificado. La medida, por tanto, supone un desprecio al criterio de los jueces.
  8. Porque la Ley de Economía Sostenible no es lugar para este debate, ni lo permite. El debate sobre la protección de los derechos de autor debe vincularse con la redefinición legislativa de los derechos de autor y la propiedad intelectual para adecuarla al nuevo escenario, y debe tener su propia tramitación independiente.
  9. Porque permitir que un lobby industrial introduzca artículos a su antojo en un anteproyecto de ley revela un importantísimo problema de funcionamiento democrático, y debería conllevar la correspondiente depuración de responsabilidades: ¿cómo consiguió la Coalición de Creadores “colar” esa disposición final ahí? ¿Qué miembro del Gobierno les permitió hacerlo? ¿Por qué se escuchó a ese lobby que se arroga la representación de “los creadores”, cuando existen muchos más creadores en Internet cuya voz no fue escuchada?
  10. Y sobre todo, porque no va a servir para nada. Las páginas que sean cerradas reaparecerán con otros nombres, se clonarán cien mil veces, y se reubicarán constantemente. Porque esas páginas ni siquiera son necesarias para localizar contenidos para su descarga. Porque los bloqueos pueden saltarse de infinitas maneras. Y porque se está creando un incentivo para el desarrollo de una red mucho más incontrolable, que acabará generando muchos más problemas que los que hoy se pretende combatir.

Libertad Digital TV. Entrevista a Enrique Dans

César Vidal entrevista a Enrique Dans

Interesante entrevista a Enrique Dans donde habla sobre la parafernalia que esta montando el gobierno para proteger una industria totalmente desfasada donde todos los usuarios de cualquier soporte digital y los internautas somos tratados de delincuentes en favor de cuatro personajes que se empeñan en seguir sacando tajada de nada y que además no favorecen a ningún artista.

Si tienes media hora libre recomiendo ver esta entrevista y reflexionar sobre ella.

La política del maquillaje por Enrique Dans

Artículo extraído del Blog de Enrique Dans

Merece la pena leerlo, llevo poco tiempo siguiendo este blog pero desde que lo descubrí me tiene bastante enganchado ya que tanto los artículos, opinión y temas que trata me parecen muy interesantes y sobre todo este que habla de como el presidente Zapatero nos volvió a vender la liebre cuando dijo que no se iba a cerrar ninguna página Web.

Transcribo el artículo (control +c     control + v) pero recomiendo visitar o agregar a nuestro lector de RSS el blog de Enrique Dans.

http://www.enriquedans.com

El gobierno filtra a El País las modificaciones del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible en lo relacionado con el cierre de páginas web por presuntas infracciones de la propiedad intelectual… y no hay ningún cambio. Ni uno. Solo puro maquillaje político.

La disposición final sigue donde estaba, y además, su texto no se altera. Sigue siendo igual de ambigua, sigue siendo una amenaza a los derechos fundamentales que podría permitir el cierre de cualquier página, pero se anuncia que será maquillada a nivel de reglamento. Una propuesta absolutamente inaceptable cuando lo que se pedía era la retirada de la disposición final: no solo no se retira de una ley en la que no pinta absolutamente nada, sino que se mantiene exactamente igual que estaba, sin tocar ni una coma.

Para colmo, el maquillaje tiene grumos: el artefacto que el gobierno pretende emplear para el cierre de páginas web (sí, ese que el presidente mintió diciendo que no tendría lugar) es jurídicamente insostenible, pues insiste en seguir intentando conseguir por la vía administrativa lo que los jueces no están concediendo por la vía judicial: el cierre lo sigue decidiendo esa “Comisión” dependiente del ministerio de cultura, sigue siendo un cierre administrativo, pero recurre al juez para que convalide determinados aspectos de ese cierre, como bien razona David Maeztu. Sigue siendo exactamente lo mismo que acertadamente describía David Bravo: “tras perder varios partidos seguidos, le dicen al árbitro ‘mejor deme a mí el silbato, que ya me encargo yo de ésto’”.

Diagnóstico: de nuevo, un atropello inaceptable, al servicio de unos lobbies de presión de una industria que pretende mantenerse artificialmente a costa de todos nosotros. Lo de “economía sostenible”… ¿se refiere a sostener la economía de quién? Si quieres proponer un nuevo modelo productivo, empieza por hacer que se adapten aquellos cuyo modelo productivo resulta a todas luces insostenible en una economía digital.

De todos los puntos del manifiesto, el gobierno solo ha pretendido dar respuesta a uno, y lo ha hecho además torticeramente y mal, mediante un intento de maquillaje aplicado groseramente con brocha gorda. Se siguen planteando cierres administrativos, se siguen poniendo los derechos de autor por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, se sigue intentando corregir un problema que no existe, se sigue evitando el planteamiento de nuevos modelos aplicados a la creación, y sobre, todo, se sigue insistiendo en medidas que incluso aunque llegasen a producirse, no servirían absolutamente de nada, porque son simples intentos de poner puertas al campo, algo sencillamente imposible.

El gobierno miente, el gobierno engaña, el gobierno maquilla, y el problema sigue ahí, en toda su magnitud. Un mes, y no hemos avanzado nada. Un mes después, la disposición final sigue donde estaba…

Zapatero vuelve a mentir… «no se va a cerrar ninguna página Web»

Noticia filtrada en http://www.elpais.com/

http://www.elpais.com/articulo/cultura/webs/descargas/podran/cerrar/mes/orden/judicial/elpepucul/20100104elpepicul_1/Tes

Las ‘webs’ de descargas se podrán cerrar en un mes con orden judicial

La futura Comisión de Propiedad Intelectual actuará como órgano denunciante

El Gobierno ya tiene perfilado el procedimiento para bloquear páginas web que alojen o faciliten sin permiso la descarga de archivos sujetos a derechos de autor como películas, canciones o videojuegos. El modelo permitirá el bloqueo de las páginas o la retirada de contenidos ilícitos por un procedimiento rápido -menos de un mes- a propuesta de la Comisión de la Propiedad Intelectual, pero con autorización judicial previa.

Este modelo de la autorización judicial para adoptar una medida cautelar es el que emplean los ayuntamientos para la paralización de una obra o el que permite la retirada de anuncios y campañas publicitarias ilícitas, bien por tratarse de publicidad falsa o porque difunden mensajes que dañan la reputación de una persona o una entidad. En ambos casos, la petición proviene de un organismo administrativo o un particular: Instituto Nacional de Consumo, ayuntamientos, asociaciones de consumidores o titulares de un derecho o de un interés legítimo, entre otros.

Para pedir la cesación de la actividad es preciso una autorización judicial previa, aunque el juez no entra en el fondo del asunto, sino que sólo decide si el organismo solicitantes es pertinente para pedir la suspensión, y con ésta no se vulnera algún derecho fundamental. Esta intervención cautelar otorga una mayor rapidez al proceso, añadiendo efectividad a la medida que, de seguir el cauce judicial ordinario resultaría ineficaz, al haberse producido el daño ya, puesto que la sentencia llegaría posteriormente.

En el caso de las descargas de Internet, el organismo administrativo será la controvertida Comisión de Propiedad Intelectual. Ésta tendrá la potestad de pedir autorización judicial para que la página web que vulnere los derechos de propiedad intelectual retire los contenidos ilícitos o, en su caso, sea bloqueada. El juez deberá decidir si la solicitud está fundamentada, si la Comisión es competente para pedir el bloqueo de esa página y si al hacerlo no se vulnera ningún derecho fundamental. No obstante, el fondo del asunto es decir, la controversia derivada de si la página web vulnera o no la ley -en este caso la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y la Ley de Propiedad Intelectual (LPI)- pueden ser dirimidas a posteriori por los cauces ordinarios. Es decir, se trata de un procedimiento mixto que permitiría a la Comisión pedir medidas cautelares rápidas con una autorización judicial previa, aunque tanto la Comisión como los responsables de la web denunciada deben dirimir la querella sobre el fondo del asunto en la jurisdicción ordinaria. El trámite entre la solicitud del cierre de la web y la concesión o denegación del mismo será «brevísimo», menos de un mes, y, en «casos especiales, incluso en una semana», según fuentes del Ejecutivo.

El Gobierno intenta dar así una solución salomónica que contente a la industria cultural -representada por la llamada Coalición de Creadores-, ofreciéndole tal y como reclamaba un procedimiento rápido para impedir las descargas no autorizadas, y de paso calmar a gran parte de la comunidad internauta, introduciendo la autorización judicial previa, cuya demanda provocó una revuelta digital que obligó al Gobierno, con su presidente José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza, a salir a la palestra para asegurar que «no se cerrará ninguna web» sin que lo decidiera un juez.

Antes de que un juez adopte cualquier medida cautelar, será preciso otorgar una serie de garantías a los dueños de las páginas web, como concederles un plazo para que supriman los elementos ilícitos de las páginas afectadas, cuya duración podría rondar los tres días, como sucede en el caso de la publicidad engañosa.

Para la puesta en marcha de este procedimiento, el Gobierno quiere evitar a toda costa modificar ninguna ley y pretende introducir este mecanismo en un reglamento que desarrolle la disposición final de la Ley de Economía Sostenible. Fue en esa disposición en la que el Ejecutivo modificó la LSSI equiparando la «salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual» a los otros cuatro motivos que hasta ahora permitían restringir y, en su caso, interrumpir la prestación del servicio, como son la investigación penal y la seguridad nacional; la salud pública; la dignidad de la persona y la protección de la infancia. La disposición también modificaba la Ley de Propiedad Intelectual creando la Comisión de Propiedad Intelectual, una comisión de ámbito nacional integrada por expertos independientes encargada de la salvaguarda de los derechos de autor en Internet.

El reglamento debe precisamente dilucidar la composición y el funcionamiento de esta comisión. Se quiere que la misma esté integrada por expertos independientes, entre los que figuren magistrados, abogados expertos en propiedad intelectual y representantes del mundo de la cultura e Internet.